El principio de ordinalidad en el debate sobre la financiación autonómica en España
El principio de ordinalidad ha cobrado relevancia en enero de 2026 como eje del nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, generando tensiones entre comunidades autónomas del PSOE y el PP, así como con socios como ERC y Sumar. Líderes autonómicos como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias) presionan para su rechazo, viéndolo como un paso hacia la desigualdad territorial, en un contexto de más de 2000 búsquedas mensuales en España.
¿Qué es el principio de ordinalidad?
El principio de ordinalidad establece que las comunidades autónomas deben recibir recursos en el mismo orden en que aportan al sistema común: si una región es la que más contribuye (por renta o PIB), debería ser también la que más recibe, manteniendo una posición relativa equilibrada. Esto busca compatibilizar la solidaridad interterritorial con un reparto perceivedo como justo, sin alterar drásticamente las posiciones actuales.
Propuesto en el modelo de Hacienda liderado por María Jesús Montero, este criterio se aplica inicialmente a Cataluña —tercera en aportación y en recepción—, pero se "altera" para otras regiones mediante un mecanismo de status quo que garantiza no recibir menos que en el sistema anterior. Expertos señalan que introduce mecanismos discrecionales tras un reparto inicial neutral, priorizando resultados negociados bilateralmente con ERC.
El contexto del nuevo modelo de financiación autonómica
España arrastra un sistema obsoleto desde 2009, con una brecha del 31% entre la comunidad mejor financiada (Cantabria) y la peor (Murcia), considerada injustificable por analistas. El Gobierno inyecta 21.000 millones extra vía cesión de IRPF e IVA, ampliando la solidaridad pero "tendiendo a la ordinalidad" según Montero.
La propuesta, pactada con ERC, beneficia a Cataluña sin cupo completo ni blindaje total del principio, lo que ha enfurecido a Junts. Se priorizan factores como población, dispersión, envejecimiento, orografía y coste sanitario, junto a armonización fiscal y lucha antifraude.
Posiciones políticas y rechazo autonómico
La ordinalidad cuenta con apoyo claro solo de Cataluña y ERC —Oriol Junqueras la ve como "aplicación" del pacto para equiparar aportación y recepción—. Sin embargo, enfrenta oposición frontal:
- PSOE autonómico: Líderes como Page y Barbón convocan frentes comunes en parlamentos regionales (Asturias cita a todos los grupos la próxima semana) para exigir transparencia, igualdad y criterios demográficos sobre ordinalidad. Coinciden con IU (Sumar), que la rechaza por premiar desigualdad.
- PP y comunidades conservadoras: Andalucía, La Rioja, Galicia, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha firman pactos por "armonización fiscal" y suficiencia real, torpedeando el modelo como electoralista.
- Gobierno: Montero defiende su legitimidad congresual sin consenso previo autonómico, mientras Isabel Rodríguez lo respalda para reforzar el Estado del Bienestar.
Sumar publica críticas conjuntas por insuficiencia, y el PP lo usa para atacar al PSOE.
Implicaciones para la solidaridad interterritorial
Aunque el modelo amplía fondos globales y solidaridad, críticos como el profesor Calvo ven en la ordinalidad un sesgo hacia Cataluña, generando nuevas desigualdades (Murcia vs. Cantabria persiste). Asturias y otros apuestan por diálogo amplio, priorizando población ajustada y necesidades reales sobre ordinalidad estricta.
El texto de siete comunidades enfatiza coordinación tributaria y coste real de servicios, proponiendo empezar "de cero" con opiniones autonómicas.
La ordinalidad ilustra las tensiones del Estado de las autonomías: equilibra incentivos fiscales con cohesión, pero su aplicación parcial arriesga rupturas políticas. Un consenso amplio, como reclaman barones PSOE y PP, podría estabilizar el sistema, priorizando datos objetivos sobre pactos bilaterales para un reparto equitativo y sostenible.