El TJUE anula la retirada de inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont: un fallo por falta de imparcialidad
El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 5 de febrero de 2026, que anula la retirada de inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, genera un renovado debate sobre la independencia judicial en Europa y el conflicto catalán, atrayendo más de 2000 búsquedas en España por su impacto simbólico en el independentismo.
Contexto histórico: el procés y la huida de Puigdemont
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, huyó a Bélgica en octubre de 2017 tras el referéndum de autodeterminación del 1-O, declarado ilegal por el Tribunal Supremo español. Junto a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, se les imputan delitos relacionados con el procés independentista, lo que llevó a órdenes de detención europea.
En las elecciones europeas de 2019, los tres fueron elegidos eurodiputados, activando su inmunidad parlamentaria, un privilegio que protege a los miembros del Parlamento Europeo de procesos judiciales en su país de origen mientras ostentan el cargo. El Tribunal Supremo solicitó entonces el suplicatorio para juzgarles, aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2021.
El procedimiento viciado: la clave del fallo del TJUE
El TJUE anuló no solo la decisión del Parlamento Europeo de 2021, sino también la sentencia previa del Tribunal General de la UE de 2023 que la avalaba. El motivo central es un vicio de forma por falta de imparcialidad en la designación del ponente, el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al que pertenecía Vox —parte acusadora en el procés como querellante popular—.
El Parlamento Europeo exige que el ponente no pertenezca al mismo grupo político que el diputado afectado ni al de los promotores del proceso penal, para evitar sospechas de parcialidad. Dzhambazki organizó un acto en 2019 con el secretario general de Vox sobre "Cataluña es España", lo que generó "dudas legítimas" sobre su neutralidad y vulneró el derecho a una buena administración. El tribunal impuso costas al Parlamento Europeo y absolvió a los recurrentes de las suyas.
Consecuencias prácticas y simbólicas
Aunque el fallo no tiene efectos inmediatos —Puigdemont, Comín y Ponsatí no ocupan escaños desde las elecciones europeas de junio de 2024—, representa una victoria simbólica para el independentismo. El abogado general de la UE había recomendado el sobreseimiento por falta de interés actual, pero el TJUE optó por anular el proceso entero.
Puigdemont, que aguarda posibles desarrollos en torno a la amnistía debatida en 2026, usará este precedente para cuestionar la imparcialidad judicial en su caso. Fuentes como eldiario.es destacan su valor para reforzar argumentos contra extradiciones futuras.
Implicaciones para la inmunidad parlamentaria en la UE
Este sentencia refuerza las garantías de imparcialidad en los procedimientos de suplicatorio del Parlamento Europeo, estableciendo que las reglas de exclusión de ponentes deben aplicarse estrictamente, incluso a grupos vinculados a acusadores externos. Podría influir en casos similares, elevando estándares de transparencia en Bruselas y tensionando relaciones entre España y la UE en temas de justicia.
En conclusión, el fallo del TJUE subraya la primacía del debido proceso sobre consideraciones políticas, ofreciendo a Puigdemont un argumento jurídico sólido pese a su carga simbólica. Revela tensiones persistentes en el procés y podría moldear futuros debates sobre inmunidad en la Unión Europea, invitando a reflexionar sobre el equilibrio entre soberanía nacional y derechos europeos.